Informe Unidad II: Jurisprudencia Sobre los Activos Informáticos (Juan Blandin)

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA GRAN CARACAS

VICERRECTORADO DE DESARROLLO ACADÉMICO: LA FLORESTA

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR: ACREDITABLES

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA SOBRE LOS ACTIVOS INFORMATICOS

 

 

 

Docente:	Autor:
Dr.Miguel Martinez	Juan Agustin Blandin Benitez    C.I: 27.007.633
Caracas, marzo de 2025

 

Introducción

En el contexto del avance tecnológico, el uso de sistemas informáticos y tecnologías de la información ha transformado profundamente la forma en que las personas, instituciones y gobiernos gestionan y resguardan la información. Este fenómeno ha traído consigo múltiples beneficios, pero también riesgos significativos relacionados con la seguridad, la privacidad y la integridad de los datos. En Venezuela, el ordenamiento jurídico ha respondido mediante la promulgación de leyes que buscan proteger los sistemas tecnológicos, prevenir el uso indebido de los mismos y sancionar los delitos cometidos en el ciberespacio. Este informe tiene como finalidad analizar el marco legal venezolano vigente en materia de tecnología de la información, centrándose en cinco instrumentos normativos fundamentales: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley contra Delitos Informáticos, la Ley de Infogobierno, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010), y la Ley de Firmas Digitales (2001).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

La Constitución establece el marco fundamental de los derechos y deberes relacionados con el uso de las tecnologías de la información. En su artículo 60, garantiza el derecho a la privacidad y al honor personal, lo cual incluye la protección de la información personal en medios tecnológicos. Asimismo, el artículo 156 atribuye al Poder Nacional la competencia sobre la regulación del sistema de información y comunicación, lo cual abarca el desarrollo de políticas para el uso y control de tecnologías.

También es relevante el artículo 141, que establece la transparencia en la gestión pública, principio que se articula con el uso de herramientas tecnológicas en los procesos administrativos. La Carta Magna reconoce así la importancia de regular el uso de la tecnología como herramienta del poder público y del ciudadano, y de establecer límites frente al uso indebido de datos o sistemas.

Análisis sobre la Ley Contra Delitos Informáticos

La Ley contra Delitos Informáticos, promulgada en el año 2001, constituye la principal norma penal en materia de delitos tecnológicos en Venezuela. Su objetivo es prevenir, tipificar y sancionar los delitos cometidos mediante el uso de sistemas informáticos y de telecomunicaciones.

La ley contempla delitos como el acceso indebido a sistemas informáticos, el sabotaje informático, la interceptación de comunicaciones electrónicas, la falsificación de documentos digitales, y la difusión de virus o programas maliciosos. Uno de sus aportes más importantes es la creación de figuras penales específicas que antes no existían en el Código Penal tradicional.

Además, establece sanciones para personas naturales y jurídicas, reconociendo el impacto que estos delitos pueden tener sobre la seguridad pública, la economía y los derechos de los ciudadanos. La ley también promueve la cooperación entre organismos nacionales e internacionales para combatir el cibercrimen.

Análisis sobre la Ley de Infogobierno

La Ley de Infogobierno fue promulgada en 2013 con el objetivo de establecer los principios y lineamientos para el uso de tecnologías de la información en la administración pública, promoviendo una gestión transparente, eficiente y participativa.

Uno de sus pilares es el mandato de migrar los sistemas del Estado hacia el uso de tecnologías libres, fomentando la soberanía tecnológica. La ley exige a los órganos del Poder Público el desarrollo de plataformas electrónicas para la prestación de servicios, la automatización de trámites y la interacción con los ciudadanos.

Asimismo, establece obligaciones sobre la seguridad de la información, el uso adecuado de los recursos tecnológicos, y la protección de los datos personales en poder de los entes públicos. Esta ley se conecta directamente con los derechos establecidos en la Constitución y con las políticas de inclusión digital.

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010)

Esta ley tiene como finalidad promover y regular el desarrollo científico y tecnológico en Venezuela. Establece los principios para el fomento de la investigación, la innovación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología como herramientas para el desarrollo nacional.

Entre sus aspectos más relevantes se encuentra la creación del Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit), al cual deben aportar las empresas del sector productivo. Estos recursos son destinados a proyectos de investigación y desarrollo, así como a la creación de infraestructuras tecnológicas.

La ley promueve la democratización del conocimiento, el acceso equitativo a la tecnología, y la integración del sistema científico nacional con las necesidades del país. También establece responsabilidades para el Estado y el sector privado en la promoción de la soberanía tecnológica.

 

 

Ley de Firmas Digitales (2001)

La Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, también conocida como Ley de Firmas Digitales, tiene por objeto otorgar validez jurídica a los documentos electrónicos y establecer un marco legal para el uso de la firma electrónica.

Esta ley reconoce la equivalencia entre documentos físicos y electrónicos, siempre que estos últimos cumplan con los requisitos de autenticidad, integridad y no repudio. Define lo que se entiende por firma electrónica y firma electrónica certificada, y crea la figura del prestador de servicios de certificación.

La implementación de esta ley ha sido fundamental para la transformación digital del Estado y del sector privado, permitiendo realizar trámites, contratos y comunicaciones legales a través de medios digitales con plena validez jurídica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

El marco legal venezolano en materia de tecnología de la información ha evolucionado considerablemente en las últimas dos décadas. Las leyes analizadas responden a la necesidad de regular el uso de sistemas tecnológicos, proteger los derechos de los ciudadanos frente a nuevas amenazas, y fomentar el desarrollo y la soberanía tecnológica.

La Constitución sirve como base para la protección de la privacidad y la promoción del uso transparente de la tecnología. La Ley contra Delitos Informáticos aborda las nuevas formas de criminalidad en el entorno digital. La Ley de Infogobierno orienta a la administración pública hacia una gestión eficiente y transparente mediante tecnologías libres. La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación fomenta la investigación y el desarrollo como pilares del progreso nacional, y la Ley de Firmas Digitales facilita la transición hacia una economía digital confiable y segura.

No obstante, es necesario revisar y actualizar estas leyes para responder a los desafíos actuales, como el auge de la inteligencia artificial, la protección de datos personales, la ciberdefensa y la regulación de nuevas tecnologías emergentes. Un marco normativo sólido, actualizado y aplicado con rigor es clave para garantizar que el avance tecnológico contribuya al desarrollo humano y social en Venezuela.

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N.º 5.453 (Extraordinario), 24 de marzo de 2000.

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos. Gaceta Oficial N.º 37.313, 30 de octubre de 2001.

Ley de Infogobierno. Gaceta Oficial N.º 40.274, 17 de octubre de 2013.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Gaceta Oficial N.º 39.575, 16 de diciembre de 2010.

Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Gaceta Oficial N.º 37.148, 28 de febrero de 2001.

Observatorio Venezolano de la Ciencia y Tecnología. (2023). "Panorama Legal de las TIC en Venezuela".

Pérez, L. (2021). "Análisis jurídico de la ciberseguridad en Venezuela". Revista Venezolana de Derecho y Tecnología, Vol. 5, N.º 2.